Somos una pareja de mujeres cisgénero lesbianas que decidimos unir nuestras vidas desde hace cuatro años. Ada es Guatemalteca, y toda su vida creció en la iglesia cristiana, por lo cual su sexualidad siempre fue un tabú. Ara es Venezolana, creció en una familia libre y llena de aceptación. En el año 2021 nos conocimos y nos enamoramos de manera inmediata.
De los retos más grandes que hemos tenido, es encontrar arrendadores que nos permitan tener contratos de alquiler en conjunto, que no se nos haya permitido hacer el documento compra-venta de nuestro apartamento como pareja porque no hay consanguinidad ni un documento legal que nos una, y lo más difícil ha sido que hemos tenido que estar separadas por periodos prolongados porque al ser una pareja sin derechos civiles básicos como el matrimonio, Ada no puede otorgarle a Ara un estatus migratorio seguro como lo hacen las parejas heterosexuales de extranjerxs que deciden hacer su vida con ciudadanxs guatemaltecxs. Ambas tenemos IGSS, pero en caso de fallecimiento de alguna de las dos, todo lo trabajado se pierde. Tenemos planeado tener una familia a través del método ropa, pero eso nos obliga a la migración para darle seguridad a nuestra familia, ya que en Guatemala no reconocerían al hijx de ambas, respetando los derechos de las dos como madres. Somos personas que pagan impuestos y que contribuyen con la economía guatemalteca, ¿cómo es que tenemos menos derechos, si contribuimos como todxs?
La familia de Ada ya le dio su aprobación y aceptación a la pareja y el hogar que decidió construir con Ara, ahora somos una familia unida, que a pesar de sus creencias religiosas (que no han cambiado en absoluto), priorizaron el amor por su hija. Si esto sucedió en una familia tan religiosamente cerrada, definitivamente tenemos la esperanza de que suceda a nivel macro, en todo el país.
